Para tales fines dispuso 183 auditores y oficiales de cumplimiento de deberes formales que vigilarán la producción y comercialización de los productos de bebidas alcohólicas y alcohol no destilado en más de 90 negocios a nivel nacional. Este personal es adicional a los oficiales de selectivo al consumo que se mantiene fijo en los centros de los fabricantes y productores nacionales.

La institución ha identificado diferentes esquemas de defraudación que ameritan la intervención del sector, visto el aumento del consumo de alcohol a nivel nacional producto de la crisis sanitaria por COVID-19.

El plan se realizará junto con el Ministerio de Defensa, los ministerios Publico, de Interior y Policía, de Salud Pública y Policía Nacional mediante chequeos las 24 horas del día de la carga de alcohol que se transporta en las principales vías del país, así como operativos nocturnos para vigilar que el transporte, tráfico, descargo, despacho y almacenaje de los productos de alcohol país se encuentren debidamente legitimado con su documentación autorizada de despacho y trazabilidad fiscal.

El plan de contingencia pondrá énfasis especial en irregularidades como: fabricación e importación de alcohol sin licencia vigente, desvirtualización de autorizaciones fiscales de fabricación, inconsistencia entre los volúmenes de alcohol autorizados y los industrializados o comercializados, ventas de bebidas alcohólicas sin facturas con comprobantes fiscales.

Asimismo vigilará las bebidas en mercado no autorizadas, botellas en mercado sin trazabilidad fiscal, mercados espejos y simulaciones en ventas, adulteración y falsificación de estampillas, centros clandestinos de fabricación de bebidas alcohólicas, simulación en uso y destino de alcohol importado, irregularidades en almacenes e inventarios de productos de alcohol y prueba de añejamiento.